El pecado original: Un aumento contrario a la ley y la jurisprudencia

La ley colombiana es taxativa: el ajuste del salario mínimo debe ser el resultado de una concertación entre empleadores y trabajadores. Si no hay acuerdo, el Gobierno tiene la facultad de decretarlo, pero no de forma arbitraria. Debe ceñirse a los criterios técnicos establecidos en la Ley 278 de 1996, que fueron precisados e interpretados por la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado: la inflación causada, la meta de inflación del Banco de la República, la productividad y la contribución de los salarios al ingreso nacional, entre otros.

En esta ocasión, el ejecutivo decidió saltarse la norma con un cálculo político evidente en época electoral. Ante la ausencia de un acuerdo, el presidente, interpretando a ley a su acomodo, no solo ignoró los topes sugeridos, sino que dictó un aumento que superó el doble de lo que incluso los representantes de los trabajadores habían solicitado inicialmente en las mesas de negociación. Fue un movimiento calculado.

El pragmatismo de quienes rechazaron el aumento

Lo paradójico es que los representantes de los sectores que inicialmente pusieron el grito en el cielo por la violación de la ley, entienden que devolver las cosas a un estado intermedio (un aumento inferior al 23%) sería más perjudicial. Y por ello ahora no piden que se cumpla la ley, sino que se adopten medidas para mitigar sus efectos. ¿Por qué los gremios, que usualmente cuidan cada peso de la estructura de costos, tienen esta posición? ¿Por qué los políticos más agudos, callan?

Las razones son prácticas:

1. Costo reputacional: Solicitar una disminución nominal del salario en un entorno de alta sensibilidad social es un suicidio. Ningún político, ninguna empresa quiere ser la cara visible de un “recorte” al ingreso de los trabajadores, incluso fue gracias a una ilegalidad. El riesgo de paros y protestas es muy grande.

2. Precios ya ajustados: Luego del aumento, la mayoría de las empresas ya trasladaron este costo al precio de sus bienes y servicios. Bajar el salario ahora no garantiza que los precios bajen, pero sí garantiza una disminución importante en el poder adquisitivo de sus clientes y, por ende, en las ventas.

3. Derechos adquiridos: Una vez pagado el aumento, el detrimento a los ingresos de los trabajadores puede generar una batalla jurídica sin fin. Los gremios prefieren absorber el costo extra que enredarse en una batalla legal que puede ser más larga y costosa.

Los rendimientos políticos del aumento

Esta decisión gubernamental se dio en plena campaña electoral para elección de Congreso y la presidencia de la República. El Gobierno se inventó un “caballo de Troya” en el que resultaría siempre ganador: un aumento desmedido trasladaría el debate a la justicia y a la plaza pública.

Las demandas no se hicieron esperar y el Consejo de Estado debía tomar una decisión. Si no actuaba pronto, el Gobierno ganaba porque lograba aumentar el salario por encima de las expectativas, se posicionaba políticamente y se hacía a un precedente para seguir actuando por fuera de la ley y satisfacer cualquier demanda social que se le ocurriera. Si actuaba —como efectivamente lo hizo—, el Gobierno podría permitirse nuevamente su narrativa de señalar a las “elites” de estar en contra del pueblo, llenar las plazas, obtener réditos políticos en época electoral y desafiar al poder judicial al que ha cuestionado duramente.

Esta es una de las típicas estrategias del populismo: convertir el cumplimiento de la ley en un acto de agresión contra los más vulnerables y a la ley misma, elaborada por la oligarquía, como la causa de todos los males.

Y, en este caso, fue una estrategia ganadora. Hoy, incluso los candidatos que no apoyan al gobierno, que reconocían la ilegalidad del decreto, se ven atrapados. ¿Cuál de ellos propone que se le “quite” dinero a cientos de miles de posibles electores a pocos meses de las votaciones? Ninguno.

La gran mayoría de los candidatos prefieren que el Consejo de Estado “cargue con la culpa” de la rigidez interpretativa y la irracionalidad de la ley, mientras se miran para otro lado o plantean otras alternativas que ninguno había advertido antes de que un presidente “sintonizado con el pueblo” hubiera atendido el clamor popular. El cálculo del presidente no fue improvisado: obligó a todos a aceptar una ilegalidad para no morir políticamente y por ello resulta ganador.

¿Qué es una Constitución?

Esta coyuntura evoca inevitablemente la tesis de Ferdinand Lassalle. Para él, los problemas constitucionales no son primariamente problemas de derecho, sino de poder. Lassalle sostenía que la verdadera constitución de un país no es la “hoja de papel” donde se escribe, sino la suma de las fuerzas efectivas que rigen en una sociedad. Cuando la norma escrita intenta oponerse a estos factores reales de poder, suele terminar ignorada.

En este laberinto, el Consejo de Estado está defendiendo las reglas de juego prexistentes y contenidas en el ordenamiento jurídico frente a una nueva comprensión del Derecho que pretende ser impuesta por el Ejecutivo y que ha sido en parte aceptada, por miedo o por cálculo, por el resto de los actores sociales.

El gran problema que tiene hoy el juez administrativo se traduce en la irrelevancia de la legalidad cuando los factores reales de poder deciden que ella es un obstáculo para lograr sus objetivos inmediatos. Lo que Lassalle advertiría hoy es que, si la justicia no logra que sus decisiones se traduzcan en una fuerza real, serán intrascendentes.

¿En qué queda del Derecho?

En esta coyuntura, la función constitucional del Consejo de Estado, evitar que los servidores públicos omitan o extralimiten las funciones previstas en la ley, está en entredicho. Al declarar que el presidente violó la Constitución cuando ignoró el marco jurídico, protegía el orden constitucional. Sin embargo, aunque su función es necesaria para preservar la seguridad jurídica, ha sido dejada a su suerte por una sociedad política que prefiere el beneficio inmediato y los réditos políticos a la salud de largo plazo de las instituciones.

El Gobierno violó la ley y lo hace nuevamente al ratificar el aumento a sabiendas de que, una vez entregado el beneficio, nadie o muy pocos tendrán el valor político de pedir su retiro. Cambió las reglas de juego. ¿Qué hará el Consejo de Estado? ¿Se atreverá a bajar el salario aplicando los criterios legales?

La parábola de Belén

En estas circunstancias concretas, parafraseando a Alejandro Nieto en su Parábola de Belén, los atribulados consejeros de estado se debatirán entre sostenerse en su posición y asumir un costo político sin precedentes o doblegarse ante el ejecutivo y ceder ante la interpretación amañada de la norma, teniendo claro que dejará en entredicho su postura inicial y que, en cualquiera de los casos, aunque su función es la preservación de la legalidad, beneficiará electoralmente a los partidarios del gobierno

Lo único que sabemos a ciencia cierta es que “una vez decidido el pronunciamiento -que es rigurosamente personal y bajo su exclusiva responsabilidad-, a la hora de redactar la sentencia silenciará rigurosamente las causas reales que han estado interfiriendo y, en su lugar, fundamentará el resultado -cualquiera que sea- con algún precedente que seguro ha de encontrar en la jurisprudencia…” de la Corte Constitucional o del propio Consejo de Estado. Al hacerlo, decidirán el valor que tiene el Derecho en estos nuevos y convulsos tiempos.

23 de febrero de 2026