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El desprecio por las formas es siempre el preámbulo del desprecio por los fondos. Los procedimientos no son una burocracia molesta que desconoce la voluntad popular; son la garantía de que el poder se ejerce de manera razonada y no impulsiva.
Tras su decisión de suspender el decreto que aumentó el salario mínimo por encima de los parámetros legales, el Consejo de Estado ha recordado que, en una democracia, el deseo del mandatario no está por encima del ordenamiento jurídico.
La excepción de inconstitucionalidad (Art. 4 CP), impide que la presunción de legalidad de los actos de las autoridades sea utilizada para desconocer la Constitución. No es jurídica ni éticamente admisible que la eficacia política prevalezca sobre la validez jurídica, ni que el “consenso” fabricado en las redes sociales desplace la rigurosidad de los frenos y contrapesos.
La Corte Constitucional tiene una decisión de gran complejidad. Aplicar la Constitución y garantizar la vigencia del principio de legalidad es lo que corresponde. Una decisión laxa podría debilitar el sistema de frenos y contrapesos que sostiene el equilibrio de poderes.
Una comprensión equilibrada de la situación venezolana al inicio de 2026 no admite lecturas simplistas o reduccionistas de la realidad. Los hechos no hacen más que mostrar la complejidad de un eventual cambio de régimen.
No necesitamos frenar la innovación, sino darle dirección y propósito unificado. De fallar en la coordinación, el riesgo no es solo la ineficiencia, sino la pérdida de la oportunidad de construir un mejor Estado de derecho.
