Juan Carlos Lancheros Gámez
Director de derechojusto
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er de izquierda, derecha y centro operan más como etiquetas y una especie de fetiches identitarios que como categorías analíticas precisas. Si hiciéramos el ejercicio de preguntar a cien ciudadanos por una definición de lo que significa ser de uno u otro bando, tendríamos un conjunto de respuestas tan variopintas que se parecerían a un mosaico, a una colcha de retazos de tantos colores, que no sería fácil distinguir qué es qué y en dónde va cada cosa.
La ideología se ha convertido en una mercancía con la cual se pretende construir una identidad a partir de la estigmatización de quien piensa distinto, más que sobre un piso ideológico sólido. Lo escuchamos y vemos por todos lados. El de derecha: radical y opresor; el de izquierda, progresista y revolucionario; el de centro: tibio y maniqueo. Esto sin señalar los adjetivos que resaltan sus atributos como cuando se usan los términos de extrema y de ultra, o cuando la adherencia a personajes públicos de caudillos o líderes políticos recientes y antiguos se usa para abrazar el pasado o alejarse de él: uribista, petrista, gaitanista, abelardista, samperista, pastranista, santanderista o bolivariano, etc.
La cuestión más delicada está en que, mientras la conversación se pierde en este laberinto de sentidos, en muchos de quienes se aprovechan de esta forma de ver la política se vislumbra que la arquitectura institucional que sostiene nuestra democracia es concebida como un estorbo. Estos confunden ganar unas elecciones con obtener una patente de corso sobre la estructura misma del Estado.
Si algo bueno podemos rescatar de nuestra actual Constitución no reside en haber abrazado una visión del mundo específica, sino precisamente en su capacidad de no hacerlo. Fue el resultado de un consenso, fue una victoria de la inteligencia colectiva sobre el dogmatismo histórico. Al no ser un manifiesto ideológico, sino un generoso marco de juego, la Constitución permitió que visiones antaño irreconciliables pudieran alternarse en el poder sin que el cambio de siglas supusiera la demolición del edificio Colombia.
Esta neutralidad axiológica es lo que permite que hoy un gobierno pueda poner el énfasis en la redistribución social y mañana otro en la eficiencia del mercado, sin que por ello la democracia se resienta. Es, en esencia, un pacto de convivencia que asume la pluralidad como un valor y no como un defecto que deba ser corregido por la mayoría de turno. Esta visión es la que hoy está en peligro.
Los principios que no se pueden tranzar
Es importante señalar que la visión flexible de los constituyentes de 1991 tiene un límite infranqueable. Existe un perímetro de seguridad, un núcleo duro de principios que no están sujetos a la subasta del día a día político ni a las mayorías coyunturales. Cualquier gobierno, independientemente de su color o de la vehemencia de su discurso, debe operar bajo la premisa de que el poder no le pertenece, sino que le ha sido prestado bajo condiciones estrictas y temporales. Ignorar esto no es ejercer la política, es asediar la democracia. El respeto a este límite es lo que distingue a un estadista de un manipulador de emociones colectivas.
El primero de estos elementos innegociables es la separación de poderes, con especial énfasis en la independencia del poder judicial y órganos independientes No se trata de una cuestión de deferencia institucional o de protocolo, sino del mecanismo de control, de frenos y contrapesos que soporta a cualquier democracia que pretenda ser algo más que un simulacro. Cuando el poder ejecutivo empieza a percibir a los jueces o a los órganos independientes (V. Gr. Banco de la República) como obstáculos a eliminar, que deben someterse o ser eliminadas, la democracia empieza a transformarse en un autoritarismo electivo.
Un gobierno legítimo tiene el derecho de proponer leyes, pero carece de la facultad de pretender que la interpretación de estas sea un anexo de su oficina de prensa, o que el ejercicio de funciones independientes solo sea posible si acogen la visión de quien lo lidera. La justicia y la independencia de las instituciones es el último refugio del ciudadano frente a la arbitrariedad del poder y los tiranos de turno, y su integridad debe ser garantizada para cualquier espectro ideológico.
En estrecha relación con lo anterior se encuentra el principio de seguridad jurídica. La política profesional debe entender que la estabilidad y la prosperidad de un país no dependen de quién ocupa el Palacio de Nariño, sino de la previsibilidad de sus instituciones. Los procedimientos no son una burocracia molesta que desconoce la voluntad popular; son la garantía de que el poder se ejerce de manera razonada y no impulsiva. El desprecio por las formas es siempre el preámbulo del desprecio por los fondos.
Un gobierno responsable no busca atajos en la legalidad para implementar su agenda, por muy noble que considere que sea su fin. La confianza de los ciudadanos, de los inversores y de la comunidad internacional reside precisamente en saber que las reglas no cambiarán por un capricho legislativo o una urgencia electoral. En una democracia sólida, muy rara vez el fin justifica los medios, cuando ellos contravienen la constitución y la ley.
Otro pilar que no admite discusión es el respeto absoluto a los derechos fundamentales y a la protección de las minorías. La democracia no puede ser interpretada como la dictadura de la mitad más uno. Es, por definición, un sistema diseñado para que el ganador gobierne respetando la dignidad y los espacios de quien perdió.
En el momento en que se utiliza una mayoría en el Congreso para erosionar los derechos de quienes no comparten la visión oficial, se está rompiendo el contrato social que dio origen a la Constitución. El pluralismo no es una concesión generosa del gobernante de turno, sino la esencia misma del sistema que le permite estar donde está. Sin respeto a la minoría, la mayoría pierde su legitimidad democrática. La imposición de la mayoría resulta loable cuando ha sido precedida de un ejercicio de deliberación democrática que ha escuchado lo que las minorías han tenido que decir, no como un trámite procedimental, sino como un ejercicio llamado a exigir una carga argumentativa más sólida en las propuestas para reconocer o rebatir las posiciones de quienes piensan diferente.
La amenaza del populismo
Aquí es donde aparece la sombra del populismo, un fenómeno global y que puede brotar con la misma virulencia en cualquier espectro ideológico. El populismo es, en esencia, una simplificación peligrosa y deliberada de la realidad. Su estrategia es invariablemente la misma: identificar a un enemigo —ya sean las élites, los indígenas, los ricos, los pobres, los afros, los extranjeros, los jueces o la prensa libre— y presentarse de forma mesiánica como el único intérprete legítimo de una voluntad popular abstracta y monolítica. Para el líder populista, las instituciones son estorbos que impiden que el pueblo cumpla su destino, y la ley es solo una herramienta que es útil mientras sirva a sus intereses inmediatos.
El peligro del populismo es que utiliza las herramientas de la democracia —el voto, la libertad de expresión, la representación— para vaciarla de contenido desde dentro. Promete soluciones mágicas a problemas de una complejidad abrumadora y ofrece el calor de la tribu frente a la necesaria frialdad de la ley. Sin embargo, la historia nos enseña que cuando los gobiernos deciden que su ideología está por encima de los límites constitucionales, el resultado nunca es una sociedad mejor, sino una sociedad más fracturada y un Estado más débil y arbitrario.
La política debe ser siempre el arte de lo posible dentro de la ley, nunca el intento de forzar la ley para hacer posible lo inadmisible. No se requiere ser un tirano ni la encarnación del mal, Arendt ya nos explicaba, junto con los psicólogos sociales que así lo corroboraron, que no se requiere ser un monstruo para cometer las más grandes aberraciones. Basta optar por la inconsciencia y dejar de lado el pensamiento crítico.
Para los ciudadanos, para quienes gestionan organizaciones y comprenden que nada sólido se construye sobre el caos o la arbitrariedad, la defensa de estos principios debería ser una prioridad absoluta que trascienda sus preferencias de voto. No se trata de una cuestión partidista, sino de una cuestión de supervivencia. Se trata de defender la democracia, el ecosistema en el que es posible la libertad, la iniciativa privada y la convivencia pacífica. Quien gobierne puede y debe aportar su énfasis, su visión del gasto público o su sensibilidad social. Eso es el corazón de la política saludable. Pero bajo ningún concepto se le puede permitir tocar los cimientos del edificio.
La discusión sobre ser de izquierdas, de derechas o de centro debería transformarse en una discusión técnica y apasionada sobre cómo optimizar nuestra sociedad y resolver los principales problemas de nuestro país dentro de los márgenes de un Estado de Derecho robusto.
El verdadero debate de nuestro tiempo no es entre ideologías contrapuestas, sino entre quienes aceptan las reglas del juego y quienes pretenden cambiarlas a mitad de partida porque el marcador no les favorece. La Constitución no es una cárcel para la política; es la herramienta que evita que la política se despeñe por el abismo del autoritarismo. Cualquier gobierno que olvide esto, independientemente de la bandera que enarbole, está traicionando su mandato primordial: servir a la ciudadanía protegiendo las instituciones que nos permiten ser, precisamente, ciudadanos libres.
20 de abril de 2026
