Juan Carlos Lancheros Gámez
Director de derechojusto
Contacto: info@derechojusto.co

na transformación silenciosa está redefiniendo la forma de ejercer el Derecho e impartir justicia en Colombia. No se trata de una reforma legal, sino de una revolución tecnológica impulsada por la Inteligencia Artificial (IA). Lejos de ser un sueño futurista, la IA ya es una realidad tangible en las oficinas jurídicas y los despachos judiciales del país.

En la Rama Judicial, al menos tres de cada diez servidores la utilizan en sus labores diarias. Los jueces han entendido que la IA no reemplaza el juicio humano, sino que es una herramienta que puede ayudar a cumplir al ciudadano la promesa constitucional de ofrecer a todos una justicia pronta y oportuna. La visión es clara y pragmática: usar la tecnología para automatizar tareas repetitivas como la gestión documental, la búsqueda de jurisprudencia y la transcripción de audiencias, libera a los funcionarios para que puedan concentrarse en el análisis jurídico de fondo. Para guiar este proceso, el Consejo Superior de la Judicatura ha desarrollado una estrategia que prioriza la “apropiación digital”, un cambio cultural que busca que los jueces y magistrados no solo sepan usar una herramienta, sino que comprendan su potencial, sus límites y sus implicaciones éticas.

La Corte Constitucional abrió el camino hacia el 2020 con el sistema Pretoria, que buscaba mejorar el proceso de selección de tutelas, que actualmente sobrepasa los 600.000 casos anuales. Aunque el resultado no cumplió con todas las expectativas, la Corte capitalizó los aprendizajes, que hoy se reflejan de manera notable en las herramientas de su página web, en donde combina analítica de datos e IA para facilitar la comprensión de la jurisprudencia.

La Corte adicionalmente fijó algunas directrices para permitir que el uso de la IA se ajustara a los cánones constitucionales por medio de Sentencia T-323 de 2024, que contiene algunas de las reglas de juego más relevantes para el uso de la IA en la justicia del país. En dicho caso, un juez utilizó ChatGPT para complementar los argumentos de un fallo de tutela. En lugar de prohibir la tecnología, la Corte estableció una directriz clara: la IA puede apoyar, pero jamás reemplazar al juez en el núcleo de su función: la valoración de las pruebas, la interpretación de los hechos y la adopción de la decisión final. La sentencia impuso a los jueces deberes de transparencia, responsabilidad y verificación estricta de las fuentes, estableciendo un marco que protege el debido proceso sin ahogar la innovación y que son recomendaciones valiosas para el resto de operadores jurídicos

La verificación de fuentes

La exigencia de verificación ha impulsado un ecosistema de tecnología legal (legaltech) en el país. Si bien los modelos de IA de propósito general como ChatGPT, Gemini, Claude o Grok han avanzado mucho y cada vez producen menos alucinaciones en sus versiones de pago cuando se activan funcionalidades como la búsqueda o investigación profunda, no son 100% fiables. Así, han surgido plataformas especializadas que mejoran la fiabilidad de las respuestas en la medida en que utilizan como fuentes de respuesta normativa, jurisprudencia y, en algunos casos, doctrina especializada.

En Colombia, entre ellas, encontramos plataformas como JurIA, Ariel, SilvIA, SofIA, Juztina, Lexius o Vincent, algunas de las cuales pertenecen a reputadas empresas de información legal y otras son disruptivas en el sistema y que aprovechan de distinta manera la Generación Aumentada por Recuperación (RAG). En términos sencillos, las plataformas especializadas de inteligencia artificial en el ámbito legal se distinguen de los modelos generales por su metodología de búsqueda y procesamiento de información. A diferencia de soluciones que responden en función de datos previamente procesados, estos sistemas realizan búsquedas activas en sus bases de datos jurídicas.

Esto significa que cada empresa desarrolla procesos personalizados y diferenciados que permiten a cada plataforma localizar, analizar e integrar información relevante para cada consulta para dar así una mayor precisión y fiabilidad en el contexto legal.  La clave es que prácticamente todas ellas, en mayor o menor medida, permiten a los usuarios verificar las fuentes. Esta arquitectura convierte a la Inteligencia Artificial generativa en una herramienta de apoyo muy relevante. Su verdadero valor no reside solo en el algoritmo, sino en la calidad y actualización de sus bases de datos, la organización de la información y la experiencia de usuario que ofrecen.

Los grandes desafíos

Los desafíos de la IA en el Derecho han sido comentados por otros, en extenso. El más grave es el sesgo algorítmico porque implica un importante reto ético. Una IA entrenada con décadas de decisiones judiciales que reflejan prejuicios sociales, tenderá a perpetuar esa discriminación amenazando el derecho a la igualdad, si no se imparten instrucciones precisas para procesar dicha información. Esto se agrava con el problema de la “caja negra”: algoritmos tan complejos que ni sus creadores pueden explicar cómo la herramienta llega a ciertas conclusiones. Para un juez, cuyo deber es motivar sus fallos, adoptar la recomendación de una “caja negra” de manera incondicional es un error. La única vía compatible con la Constitución es la adopción de una IA Explicable, es decir, sistemas transparentes que muestren su razonamiento.

Otro riesgo crítico es la protección de datos. Cada vez que un profesional introduce información confidencial de un caso en un chatbot gratuito, puede violar su deber de secreto profesional al exponer datos sensibles, si no adopta medidas adecuadas. Las IA de pago admiten ya una función para que no se usen estos datos en el entrenamiento del sistema, pero también es muy importante que las organizaciones y la propia rama judicial implementen soluciones corporativas personalizadas para evitar la fuga de información.

Finalmente, es esencial que todos los operadores jurídicos entiendan el funcionamiento de estas herramientas. No hacerlo genera que la brecha digital que ya existe se amplíe y que se cree un sistema en el que la justicia tenga al menos dos velocidades: una para quienes la usan y entienden cómo funciona y pueden extraer el mayor beneficio, y otra para el resto. Esta brecha no solo depende de la capacidad de pago para adquirir herramientas de calidad, sino también de otras variables como el acceso real a equipos e infraestructura competitiva, creando diferencias significativas entre los distintos operadores jurídicos.

La revolución silenciosa

Mientras tanto, herramientas como NotebookLM, así como los “artefactos” de Claude, los “proyectos” de ChatGPT y las “gemas” de Google, están transformando la investigación y la práctica jurídica permitiendo a los abogados, a las oficinas jurídicas y a muchos ciudadanos “conversar” con sus propios repositorios de información jurídica de una manera notable, así como automatizar muchas de sus labores. Las funciones pedagógicas de la IA facilitan el anhelo de un “lenguaje claro” y traducen a lenguaje simple muchas normas enredadas y complejas permitiendo el acceso al Derecho de una manera más simple y fácil para muchos.

Colombia se encuentra en un período fascinante. Las herramientas de IA generativa pueden aportar mucho en la solución de las problemáticas de justicia en el país, que no son solo judiciales. El éxito dependerá de cerrar la brecha entre los avances tecnológicos ya disponibles y la práctica diaria, para lo cual muchos de los prejuicios existentes deberán caer, y eso solo será posible con formación, criterio y mucha humildad.

Sería una pena que las autoridades y no solo las judiciales, se privaran de los avances tecnológicos de los cuales muchos abogados y oficinas legales en el sector privado ya se están beneficiando. La colaboración entre el sector público, los abogados y los desarrolladores tecnológicos no es una opción, sino una necesidad para garantizar que esta revolución silenciosa se traduzca en el cumplimiento de la promesa constitucional de una justicia más pronta y oportuna, accesible y equitativa para todos los colombianos.