Juan Carlos Lancheros Gámez
Director de derechojusto
El artículo 188 de la Constitución no es una formalidad protocolaria: es un mandato de comportamiento político y ético. El presidente de la República simboliza la unidad nacional y jura, ante la representación del pueblo, cumplir la Constitución y las leyes. Lo que Colombia presencia hoy, sin embargo, es el incumplimiento sistemático de ese compromiso. No se trata de un debate menor sobre estilos de gobierno o preferencias ideológicas, sino de una erosión paulatina de la Carta de 1991 y de la democracia que protege.
Cada cuatro años, el 7 de agosto, el nuevo mandatario pronuncia el juramento que el artículo 192 de la Carta Política exige a todo jefe de Estado: cumplir fielmente la Constitución y las leyes. Ese juramento no es un rito vacío ni un adorno: es la condición misma de legitimidad de la autoridad que recibe del constituyente primario. El artículo 188 le añade una carga conceptual y ética aún mayor: el presidente simboliza la unidad de la nación y se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. De todos. Esta última palabra es crucial: la Constitución no le permite gobernar exclusivamente para sus electores, ni convertir su proyecto ideológico particular en la única medida de la legalidad nacional. El presidente debe ser el árbitro del juego democrático, nunca el activista en jefe que descalifica a quienes piensan diferente.
Contra ese parámetro normativo –enfoque ético y no de simpatías o antipatías partidistas de la opinión pública– debe medirse de manera rigurosa la conducta diaria del primer mandatario.
Un patrón que preocupa
El artículo 209 constitucional ordena que la función administrativa se ejerza con fundamento en el mérito, la moralidad, la eficacia y la imparcialidad. Contra ese mandato explícito, los altos cargos de la administración pública y, de manera especialmente visible, las embajadas y consulados, se han convertido en moneda de cambio y pago político. Presenciamos con asombro designaciones en diferentes cargos sin la más mínima idoneidad acreditada, la protección de aliados cuestionados o investigados por la justicia, y el desplazamiento sistemático de los funcionarios de carrera diplomática por la lógica clientelista de la recompensa o el favorecimiento grupal. Cada nombramiento que ignora el mérito es una pequeña derogatoria del principio constitucional que debilita el servicio civil; sumados, todos ellos, configuran la captura de un aparato estatal que nos pertenece a todos los ciudadanos y no a la coalición de turno.
Esta desconexión con los fines del Estado se traduce en resultados concretos que afectan el día a día de la población. El grave deterioro de la seguridad en amplias regiones del país, el fortalecimiento y expansión de estructuras criminales al amparo de una “paz total” sin diseño jurídico serio, método ni resultados verificables, la crisis en el sistema de salud y el preocupante déficit fiscal no son meras opiniones de la oposición: son hechos objetivos y medibles que vulneran de forma directa los derechos fundamentales de personas de carne y hueso. Cuando un gobierno superpone de manera persistente su relato ideológico y su retórica utópica a las garantías mínimas de los ciudadanos, incumple de manera flagrante el artículo 2º de la Constitución, el cual define como fin esencial del Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en ella.
A esta debilidad de gestión se suma una preocupante actitud frente a la institucionalidad democrática. Resulta contradictorio y peligroso que el presidente actual se niegue a reconocer con madurez los resultados del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil o el escrutinio definitivo de los órganos electorales competentes cuando estos no le favorecen. Y, sin embargo, esa misma rigurosidad sospechosa desaparece en el escenario internacional: el Ejecutivo ha reconocido con asombrosa prontitud resultados electorales no oficiales en países vecinos de su misma afinidad ideológica contra la evidencia en Venezuela o sin terminar aún el proceso de escrutinio, como en Perú.
De igual manera, se indigna y denuncia injerencia extranjera cuando líderes de otras naciones expresan opiniones sobre la contienda colombiana, olvidando que, durante años, él mismo ha intervenido activamente apoyando a candidatos de su espectro político en elecciones ajenas. Esta doble moral daña la tradición diplomática de la nación y debilita nuestra posición en el concierto internacional.
Devolver la altura al cargo
A nuestro juicio, lo que hoy está en juego en el panorama nacional no es simplemente el destino o el éxito de un gobierno que se encamina hacia su recta final, sino el significado profundo e institucional de la presidencia de la República. Quien asuma el cargo el próximo 7 de agosto recibirá una investidura severamente disminuida, desgastada por la confrontación inútil y la descalificación del disidente. Por ello, su primera y más urgente tarea constitucional será restaurarla.
Restaurar la presidencia implicará un compromiso absoluto con las reglas del juego y el estado de Derecho: reconocer los resultados electorales sin ambages ni condiciones, respetar los fallos y decisiones de los jueces, aunque resulten incómodos, nombrar en los cargos de alta responsabilidad técnica por riguroso mérito y capacidad, y hablar siempre con la mesura, prudencia y decoro de quien representa también a los millones de colombianos que no votaron por su propuesta.
El futuro gobernante deberá entender, de una vez por todas, que los límites constitucionales y la separación de poderes no son obstáculos molestos para el cambio social, sino la única garantía real de que el cambio no termine devorando la democracia misma.
El juramento del artículo 192 no se agota con el discurso de posesión: se cumple –o se traiciona– en cada decisión, en cada alocución y en cada decreto emitido durante los cuatro años de mandato. La historia juzgará a este gobierno por la eficacia de sus políticas y por el legado social que deje a su paso. Pero la Constitución ya lo está juzgando en el presente, y su veredicto no necesita esperar el paso del tiempo: un mandatario que evade la prohibición absoluta de participar en política ha confesado, con esa sola maniobra, que comprende perfectamente la existencia de los límites constitucionales, pero que está plenamente dispuesto a cruzarlos.
Incendiar el país
Una última cuestión. El verdadero compromiso con la democracia y las instituciones se demuestra ante el veredicto de las urnas. Resulta inadmisible una postura doble: legitimar que sus seguidores pretendan incendiar el país si el oficialismo pierde, pero exigir sumisión absoluta si gana, pretendiendo que el resultado es incuestionable por la vía democrática. Esta contradicción es, además, flagrante cuando las autoridades electorales ya han probado la violación de los topes de campaña en la elección del actual gobierno, y cuando los recursos públicos se han desviado descaradamente para favorecer la continuidad del actual proyecto político. El sello de un auténtico demócrata es acatar los resultados sin condicionamientos ni chantajes, respetando la voluntad popular que afirma representar.
Fecha de esta entrada en Derecho Justo: 19/06/2026.
Publicado en Ámbito Jurídico el 19/06/2026.
Incorporado al archivo de Derecho Justo el 13/10/2026.
