La excepción de inconstitucionalidad (Art. 4 CP), impide que la presunción de legalidad de los actos de las autoridades sea utilizada para desconocer la Constitución. No es jurídica ni éticamente admisible que la eficacia política prevalezca sobre la validez jurídica, ni que el “consenso” fabricado en las redes sociales desplace la rigurosidad de los frenos y contrapesos.