na comprensión equilibrada de la situación venezolana al inicio de 2026 no admite lecturas simplistas o reduccionistas de la realidad. Los hechos que han conducido a la comparecencia de Nicolás Maduro ante un Tribunal de Nueva York por la fuerza no hacen más que mostrar la complejidad de un eventual cambio de régimen en el hermano país. 

Si se logra materializar la voluntad del régimen chavista de hacer una transición real del poder que han detentado por 27 años en favor de sectores a los que han estigmatizado por décadas, asunto por lo demás difícil, estos serán algunos elementos clave para entender las dificultades de una eventual transición:

1. La soberanía vs. la responsabilidad de proteger

El ingreso de tropas estadounidenses ha reabierto el debate sobre la jerarquía y la vigencia de las normas internacionales. Por un lado, se invoca la soberanía nacional como principio infranqueable y por otro, se afirma que ella no es un cheque en blanco. Cuando un Estado depreda a su propia población y existe evidencia de crímenes de lesa humanidad, desapariciones, torturas y asesinatos sistemáticos, ¿es posible sostener el “contrato social” que fundamenta la garantía de no intervención? Las discusiones sobre el unilateralismo de la acción de EE. UU. y el multilateralismo fallido de la ONU y la comunidad internacional ocupan gran parte del debate.

Las declaraciones del Gobierno de los Estados Unidos —incluyendo las polémicas afirmaciones sobre la dirección directa del país— han polarizado aún más la opinión jurídica global. Existe una tensión evidente entre el rechazo de una parte de la comunidad internacional a la intrusión de Washington y el aplauso de la gran mayoría de la diáspora venezolana, que tuvo que huir ante la falta de garantías y que percibe estas acciones como el primer golpe efectivo contra una red criminal. El dilema es si la captura de Nicolás Maduro convalida un procedimiento que desafía los protocolos tradicionales sin constituirse en una amenaza a la integridad de otros Estados.

2. Institucionalidad para sostener el régimen o para defender la democracia

Toda la arquitectura institucional es dominada por el chavismo en su totalidad. No hay un sistema de frenos y contrapesos real y las instituciones están diseñadas para garantizar la permanencia del régimen en el poder. Así se evidenció en las elecciones presidenciales de 2024 que declaró la elección de Maduro a pesar de que la oposición logró demostrar por medio de registros documentales que habían obtenido la mayoría de los votos.

Los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y ciudadano responden a una estructura que se sostiene mutuamente y justamente por eso, es imposible pensar en la desarticulación inmediata de un Estado sin generar el riesgo de un régimen autocrático.

Desde una perspectiva legal, la transición implica necesariamente repensar el andamiaje jurídico del Estado desde sus cimientos, Constitución incluida. La coexistencia de una «presidente encargada» vinculada a la estructura anterior genera una incertidumbre jurídica profunda sobre la transparencia y profundidad de los cambios, así como sobre la real injerencia de EE. UU. en la dirección de la nación. Cuál será el rol de la oposición que goza del respaldo mayoritario de la población, es algo que aún está por verse.

3. Impunidad o justicia 

Para la legitimidad del nuevo orden es necesaria la liberación inmediata de todos los presos políticos. La restauración de las garantías democráticas comienza por el vaciado de los centros de reclusión donde miles de ciudadanos han permanecido privados de la libertad por largo tiempo, en condiciones inhumanas y sin ningún tipo de garantías, por oponerse al régimen.

Sin embargo, el camino hacia la paz plantea un dilema ético-jurídico mayúsculo: el análisis de un eventual perdón para la cúpula chavista responsable de las violaciones de DD.HH. Si bien la justicia clama por sanciones, el pragmatismo sugiere que una transición lo más pacífica posible podría requerir la creación de tribunales guiados por principios de justicia transicional. Esta propuesta no está exenta de críticas ni de retos, dada la complejidad. Será relevante el rol de la Corte Penal Internacional en el procesamiento de otros responsables que aún no han comparecido ante la justicia. 

4. El poder militar, entre el statu quo y la restauración de la democracia

El futuro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es crítico. La estrategia no debe ser su desarticulación, sino su reinstitucionalización para garantizar que obedezca las órdenes del nuevo Gobierno democrático y garantice el cambio pacífico del régimen y la restauración de la democracia. Esta tarea se complica por la vinculación de sectores militares con el narcotráfico y la minería de metales valiosos (el Arco Minero), recursos cuyo comercio ha servido para sostener financieramente al régimen de manera paralela al tesoro nacional. La depuración será necesaria y no estará exenta de retos.

5. El petróleo y el control estratégico de los recursos

El control sobre el petróleo ha sido el elemento clave en esta situación. Sin él, difícilmente habría ocurrido una intervención. Venezuela posee las reservas más grandes del planeta, pero su industria está comprometida por una infraestructura deteriorada y por deudas opacas con potencias como China, Rusia e Irán, que han otorgado un blindaje diplomático al régimen a cambio de recursos.

Aunque los anuncios de inversión extranjera masiva de la administración Trump presentan una oportunidad de recuperación, plantean un riesgo para la soberanía económica. Se requiere un ajuste del ordenamiento jurídico de manera ágil y rápida para proteger la inversión extranjera y, simultáneamente, asegurar que los beneficios lleguen a los sectores más necesitados, que hoy viven en pobreza extrema como una herramienta de sometimiento diseñada por el régimen.

6. Seguridad territorial y los restos del crimen transnacional 

La soberanía está fragmentada por la presencia de organizaciones guerrilleras como el ELN y las disidencias de las FARC, por grupos criminales de los cuales el más conocido es el Tren de Aragua y por diferentes personas que han pertenecido o hacen parte de organizaciones terroristas internacionales. Estos grupos actúan como estructuras de poder fáctico que requieren una institucionalidad sólida para ser combatidos. La paz no será posible sin una fuerza pública decidida que restaure el estado de Derecho y que ampare al sistema judicial para extender su jurisdicción efectiva a las zonas fronterizas hoy controladas por estas mafias.

7. La guerra de información y la legitimidad del voto popular

Venezuela es el laboratorio de una guerra de narrativas donde conviven agendas antiimperialistas, americanismos exacerbados, izquierdas y derechas de toda índole. En este ruido digital, la legitimidad de líderes como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia —respaldados por la mayoría que votó por ellos en 2024— ofrece un norte, aunque su participación no sea aún plenamente reconocida en la estructura de mando actual de la transición.

¿Y Colombia?

La transición venezolana en este 2026 tendrá grandes implicaciones en el destino de Colombia. Será sin dudas el elemento más determinante en las próximas elecciones presidenciales. Con una frontera de 2219 kilómetros, el regreso de la democracia en Venezuela puede representar un sinnúmero de oportunidades para el país, junto con importantes retos de orden público.

La historia entre Colombia y Venezuela ha estado indisolublemente unida desde sus orígenes.  Si la transición tiene éxito, recuperaremos al que ha sido por siempre nuestro mayor socio estratégico y podremos dejar atrás años de relaciones convulsas. Si no fuere así, nuestra situación también se hará más compleja. No es el tiempo de populismos, es el tiempo de la sensatez.