mirada realista nos muestra una oportunidad histórica: el uso intensivo de la IA en el Estado no solo tiene el potencial de transformar drásticamente la relación de los ciudadanos con él, sino que impulsa la redefinición de los fundamentos mismos del Estado de derecho, obligando a renegociar las ideas de legalidad, debido proceso y soberanía.

Debe quedar claro que la inteligencia artificial no es solo la implementación de interfases dialógicas (como chatbots o asistentes conversacionales). Va mucho más allá. El verdadero poder transformador reside en el uso de IA analítica y predictiva para funciones críticas. A modo de ejemplo, en la protección del medio ambiente, su implementación puede mejorar la detección automatizada de cultivos ilícitos, la identificación de zonas de minería ilegal, áreas de deforestación y vertimientos ilegales en tiempo real. También puede ayudar a prevenir la corrupción mediante el análisis masivo de transacciones financieras o contratos públicos en tiempo real. La identificación de anomalías, sobrecostos recurrentes o conflictos de interés que son hoy imposibles de rastrear por los métodos tradicionales, pueden ser fácilmente detectables. En educación y salud, mediante la creación de modelos para predecir riesgos de deserción escolar o anticipar la demanda en servicios de urgencias frente a emergencias de salud .

Brechas en la implementación

Ciertamente se requieren nuevas capacidades y habilidades técnicas que lamentablemente no están a disposición de todas las entidades públicas. En la actualidad, el proceso de integración de estas tecnologías depende en mayor parte del presupuesto de cada entidad pública, sin importar si ella es nacional o territorial. También es claro que su desarrollo está sujeto a las particulares convicciones de las autoridades de turno y a sus conocimientos o prevenciones sobre lo que estas herramientas pueden hacer. En este último punto, es palpable un gran desconocimiento sobre el alcance y los límites de la IA, así como de las diferentes funcionalidades que ya están disponibles.

Estos condicionamientos están generando distorsiones y brechas importantes al interior del Estado. Estamos ante un “archipiélago de innovación”, en donde las entidades que avanzan los hacen por separado, con diferentes tecnologías y proveedores, sin criterios comunes de interoperabilidad y con riesgos importantes de adquirir herramientas que en breve estarán desuetas ante la ausencia de un liderazgo competente en su implementación.

Las oportunidades de la revolución que ya está aquí para el Estado de Derecho

El impacto positivo de una implementación prudente de la IA en el fortalecimiento del Estado de Derecho es inmenso, entre otras cosas porque con ofrece una herramienta inédita para mejorar la acción efectiva del Estado y fortalecer la transparencia estatal. En las tres ramas del poder puede tener la siguiente agenda y ofrecer algunos de los siguientes desarrollos:

En la administración de justicia: La oportunidad real supera la simple digitalización del expediente y beneficia a todas las jurisdicciones. No se trata solo de transcribir de forma automática y confiable las audiencias para que cualquier juez pueda localizar un testimonio clave en segundos, o de la generación asistida de autos de trámite para que las tareas repetitivas sean ejecutadas de forma más ágil. Nos referimos, sobre todo, al mejoramiento de la calidad de las decisiones judiciales.

La IA ofrece mecanismos de coherencia normativa, permitiendo a los jueces identificar precedentes de las altas cortes aplicables a sus casos específicos. Esto no solo fortalece la seguridad jurídica, sino que redefine el principio de igualdad ante la ley al introducir la consistencia como un control obligatorio sobre la discrecionalidad judicial y favorecer la identificación de providencias irregulares.

En la administración pública: Se trata de construir una administración efectiva y transparente. La IA puede ser utilizada para prevenir la corrupción estatal mediante herramientas que permitan auditar la contratación en tiempo real para detectar sobrecostos, conflictos de intereses o pliegos a la medida, reduciendo los puntos de discrecionalidad donde históricamente prospera la arbitrariedad. La IA puede facilitar una interacción más directa y fluida con los ciudadanos, reduciendo tiempos de espera y garantizar la atención oportuna al anticipar trámites previsibles. Además, también asegura la coherencia interna y la calidad de las decisiones, para evitar arbitrariedades.

En el legislativo: La IA facilita que se puedan contrastar los proyectos de ley o sus modificaciones frente a todo el ordenamiento jurídico vigente, normas y jurisprudencia constitucional, para detectar contradicciones, inconstitucionalidades o derogatorias tácitas antes de aprobarlo. Además puede favorecer la participación ciudadana, mejorando la calidad de la democracia al permitir herramientas que recojan de manera más certera la opinión pública o especializada sobre una determinada iniciativa.

Automatizar no es dejar atrás el criterio propio

La tecnología es una herramienta de apoyo, nunca un sustituto de la responsabilidad personal. Existe la tentación de creer que, porque el sistema “ya revisó” o “ya proyectó” la respuesta, el servidor público puede desentenderse. Esto es un gran peligro.

La automatización de tareas operativas exige, paradójicamente, una mayor atención del funcionario y una adecuada comprensión de las herramientas que utiliza. Es esencial recordar que la IA no tiene conciencia de sí y que usualmente responde lo que se le pregunta a partir de la identificación de patrones y probabilidades. La validación de la decisión final es indelegable y reside en el servidor público, quien debe mantener el control humano para aplicar el criterio, detectar sesgos y asegurar la ética del servicio, pues la empatía, la prudencia, la discrecionalidad justa y la comprensión del contexto social son facultades exclusivamente humanas que la IA complementa, pero nunca remplaza.

El éxito de la implementación radica en la atención de las demandas ciudadanas

El éxito de la IA en el Estado colombiano se medirá por cuánto mejore la vida de los ciudadanos. Para lograrlo de manera efectiva, necesitamos pasar de los esfuerzos aislados a una política de Estado coherente que defina estándares comunes, promueva el desarrollo y la implementación de la tecnología y, sobre todo, establezca claramente que ella está para para potenciar la capacidad humana del servidor público, no para eximirlo de su deber constitucional.

No necesitamos frenar la innovación, sino darle dirección y propósito unificado. De fallar en la coordinación, el riesgo no es solo la ineficiencia, sino la pérdida de la oportunidad de construir un mejor Estado de derecho, en donde el poder estatal se sirva para atender las necesidades de la comunidad.