El Gobierno de Gustavo Petro tuvo su primera crisis ministerial, y sus declaraciones en el Día del Trabajo han generado grandes preocupaciones debido a su naturaleza anti-institucional. El 26 de abril, el presidente decidió cambiar su gabinete y nombró a siete nuevos ministros y ministras, lo que afectará significativamente la gobernabilidad y el funcionamiento de los ministerios, así como la relación del Gobierno con el Congreso de la República
La lucha en el legislativo
Al inicio de su proyecto político, el presidente Petro intentó conformar alianzas para que sus iniciativas legislativas pudieran salir adelante. La estrategia funcionó con altibajos durante el segundo semestre del 2022, pero desde el inicio de este año, el presidente ha perdido el apoyo de las bancadas en el Congreso.
El Gobierno ha presentado varios proyectos de Ley que deben ser debatidos en el Congreso, entre ellos la reforma política, laboral, pensional y la reforma al sistema de salud. Estos proyectos no han tenido una acogida mayoritaria. Por el contrario, han causado grandes discusiones dentro de las sesiones oficiales y en las reuniones privadas entre los ministros del Gobierno y cada uno de los partidos de la coalición. La falta de apoyo a sus iniciativas ha obtenido tres reacciones por parte del presidente:
- El retiro de los proyectos de ley que han sido modificados significativamente por el legislativo.
- La solicitud de renuncia que hizo el presidente a todos sus ministros y el cambio definitivo de siete de ellos.
- El llamado que se hizo a la ciudadanía para salir a las calles. Clamó que “el intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”.
En su discurso del 1° de mayo, hizo acusaciones dirigidas al expresidente Gaviria, ahora líder del partido liberal, y contra las mayorías del Congreso, que han cambiado e inaprobado sus propuestas de reforma este año. Haciendo una invitación clara al pueblo para que salga a las calles a protestar por esta oposición democrática.
La lucha con el judicial
En la rama judicial, el presidente también se ha enfrentado a la oposición de las altas cortes a algunas de las medidas que ha querido implementar.
El 2 de marzo, el Consejo de Estado decidió suspender un decreto en el que el Gobierno “reasumía” funciones que hasta el momento eran de la Comisión de Regulación de Energía mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad presentada en contra del Decreto. El presidente pretendía tener el poder para modificar las fórmulas de cálculo del precio de la energía y coordinar el mercado energético con mayor poder de acción al que tenía antes del decreto.
En otra ocasión, la Corte Constitucional, en un auto dentro del proceso contra la Ley de Paz Total, abrió la posibilidad de suspender los efectos de leyes mientras se decide el asunto de fondo, cuando la norma sea “abierta o manifiestamente incompatible con la Constitución que pueda producir efectos irremediables o que lleven a eludir el control de constitucionalidad”. Esto muestra el miedo que se ha venido formando por los constitucionalistas y la ciudadanía de que el gobierno logre conseguir mayorías en el legislativo a pesar de que su contenido vaya en contra de la Constitución.
Sin la facultad de suspender este tipo de leyes, el Gobierno estaría en la capacidad de regular y ejecutar acciones oponiéndose a la Constitución durante el tiempo que lleva resolver las demandas de inconstitucionalidad que se presenten contra la norma claramente inconstitucional, lo que puede llevar entre 5 y 8 meses. El daño podría ser fatal.
Separación de poderes y controles institucionales
El escenario político y jurídico refleja las características necesarias para que el Estado funcione correctamente: la separación de poderes y el sistema de controles, pesos y contrapesos.
¿Qué es la separación de poderes?
Es el principio por el cual el poder del Estado se divide en ramas o funciones independientes. Existen tres ramas tradicionales: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. En Colombia tenemos otras estructuras y funciones diferentes, como la Procuraduría General de la Nación, que es independiente de las tres ramas tradicionales y ejerce la función disciplinaria.
La división del poder evita la acumulación del poder absoluto en una sola persona o institución.
¿En qué consiste el sistema de controles, pesos y contrapesos?
Este sistema garantiza que se conserve la división de poderes. Es un mecanismo que tiene como objetivo limitar y equilibrar el poder de cada una de las ramas del gobierno en un Estado de Derecho y consiste en una serie de controles que se establecen entre las diferentes ramas para evitar que una rama acumule demasiado poder y para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos.
Los eventos de los que hablamos al inicio de este blog muestran cómo funciona la separación de poderes y del sistema de controles, pesos y contrapesos en un Estado de Derecho democrático. Estos mecanismos permiten que no haya una acumulación de poder absoluto en una sola persona o institución y garantizan, incluso de forma insospechada, la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Es importante seguir fomentando y fortaleciendo estos principios para garantizar un Estado justo y equilibrado para todos; y siembre recordar que, tanto el Presidente como el Congreso, son la expresión de la democracia pluralista y participativa que intentamos ver en nuestro país y que ninguno puede atribuirse un poder absoluto porque, entre otras cosas, todas sus competencias provienen de la Constitución y las ejercen por mandato ciudadano. La ciudadanía tiene derecho a que el Gobierno y el Legislativo tengan en cuenta todas sus necesidades y todos sus intereses en la búsqueda de un consenso social pacífico y democrático que apunten a un futuro sostenible para todos, incluso para las próximas generaciones.
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Valeria Margarita Blanco Restrepo
Directora de Análisis y Gestión Jurídica
